El Congreso de Estados Unidos votó a favor de la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein
La iniciativa instruye al Departamento de Justicia a divulgar documentos y comunicaciones sobre la investigación, permitiendo solo la protección de datos vinculados a víctimas o procesos en curso
La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron este martes un proyecto de ley que dispone la publicación de los archivos federales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales y muerto en prisión en 2019.
El texto, avalado por amplia mayoría, fija que el Departamento de Justicia debe publicar los documentos y comunicaciones sobre la investigación y sobre las circunstancias de su muerte en una cárcel de Manhattan, salvo información que revele la identidad de víctimas o afecte pesquisas abiertas.
La norma recibió el apoyo de 427 legisladores en la Cámara baja, frente a un único voto en contra: el de Clay Higgins, miembro republicano que justificó su rechazo por el riesgo de divulgar datos de personas no condenadas.
En el Senado, el líder de la mayoría John Thune señaló que se acelerará su tratamiento y que podría ser aprobado sin objeciones formales esta semana. El presidente Donald Trump, que en un inicio desestimó el impulso de la ley, anunció que firmará el texto cuando reciba el aval definitivo del Congreso.
El debate parlamentario estuvo marcado por la presión de sobrevivientes de abusos cometidos por Epstein y por meses de negociación política. El avance fue impulsado por una petición bipartidista que reunió las firmas necesarias luego de que la congresista Adelita Grijalva, demócrata de Arizona, pudiera jurar su cargo tras ser elegida en septiembre. Solo entonces el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario que habilitó su votación en una sesión bajo el mecanismo de dos tercios.
La iniciativa instruye la divulgación integral de los archivos, con plazos de hasta treinta días para la publicación una vez promulgada. El texto permite la eliminación parcial de datos para proteger la confidencialidad de víctimas o investigaciones activas, pero prohíbe redacciones motivadas por razones de prestigio, conveniencia política o preocupación reputacional de personalidades públicas.
El líder de la Cámara, Mike Johnson, había objetado en diversas instancias que la medida podría causar “consecuencias no deseadas” al incluir pasajes de investigaciones confidenciales.
“Esto es un ejercicio político muy evidente”, advirtió en conferencia de prensa, aunque ratificó su voto favorable y subrayó que “nadie quiere quedar registrado en contra de la máxima transparencia”.
Los autores de la ley, Thomas Massie y Ro Khanna, instaron al Senado a mantener intacto el alcance del proyecto y alertaron sobre una posible reacción ciudadana adversa si se introducen dilaciones o cambios significativos.
Sobrevivientes de los delitos de Epstein participaron en la jornada parlamentaria, acompañados por congresistas.
“Estamos exhaustas por sobrevivir al trauma y también a los vaivenes políticos que lo rodean”, aseguró Jena-Lisa Jones, una de las víctimas de Epstein.
El grupo pidió que el tema no se utilice como herramienta de debate partidario y que todo el expediente de investigación se conozca sin demoras.
El representante Clay Higgins señaló que el proyecto podría exponer datos de personas no sujetas a acusación y que, pese a sus reservas sobre el enfoque, se mantiene en desacuerdo por esa razón.
Desde el partido Demócrata, Hakeem Jeffries calificó la aprobación como una señal de victoria en materia de rendición de cuentas.
“El pueblo estadounidense ha esperado demasiado”, declaró.
El proceso de desclasificación supone una respuesta legislativa a demandas sociales y judiciales que han cobrado fuerza durante los últimos años. Investigaciones paralelas del Congreso y del Comité de Supervisión han expuesto comunicaciones y documentos que muestran la trayectoria de Epstein y sus vínculos con figuras del ámbito empresarial, la política y el entorno internacional.
Uno de los últimos impactos del expediente fue la medida de la Casa Real británica, que retiró títulos y residencia al príncipe Andrés por su relación con el caso.
El trámite final en el Senado será seguido con atención por organizaciones de derechos civiles, medios y la opinión pública dentro y fuera de Estados Unidos, en un caso que continúa generando debate sobre los límites de la transparencia judicial y la protección de los derechos de las víctimas en procesos de alto perfil.
(Con información de The Associated Press)