Fiscalía denuncia «feroz campaña» internacional contra el sistema de Justicia venezolano
El Ministerio Público (MP/Fiscalía) de Venezuela denunció este martes una «feroz campaña» internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y de cinco de sus allegados y familiares, por estar «presuntamente involucrados» en una trama conspirativa.
Aseguró que esta «campaña» pretende «menoscabar las investigaciones» y «generar impunidad» al «intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo».
El pronunciamiento del fiscal tiene lugar luego de que, en las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.
En el escrito, Saab ratificó que la activista fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida «preventiva de libertad» por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
Remarcó también que se solicitó la privación de libertad «preventiva» para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, indicó que su despacho solicitó para «los cuatro ciudadanos restantes», cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, el resto de los familiares de San Miguel que la defensa de la activista reportó como «desaparecidos», medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa».